Exgerente de YPFB plantea no vender gas a Brasil y Argentina

Mientras la certificación de reservas contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a instancia del Ministerio de Hidrocarburos se sigue pateando en el tiempo hacia delante, voces autorizadas recomiendan paralizar los proyectos de exportación y concentrarse en los propios, así como constituir la reserva estratégica nacional de hidrocarburos para asegurarlos.

Esa fue la recomendación del exgerente de Exploración y Explotación de Yacimientos Edmundo Pérez, quien ejerció durante la primera gestión de Evo Morales, quien considera que el volumen actual de reservas se acerca a mínimos históricos.

“Estamos muy cerca de la reserva que tenemos para el consumo nacional; a eso se llama reserva estratégica de Bolivia (…). Hemos sido energetizados sin tener las reservas suficientes”, dijo el especialista en contacto con ANF.

 

Pérez dijo que de acuerdo a cálculos internos no oficializados de YPFB y su grupo de trabajo técnico, se cuenta a la fecha aproximadamente 4,3 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por su sigla en inglés) de reservas, como consecuencia de los volúmenes comprometidos a los mercados de Argentina y Brasil, además del consumo interno del país, que oscila al año en aproximadamente 0,85 TCF.

“Las reservas probadas 2018 están muy cerca de la reserva estratégica que debe tener el país que implica garantizar el desarrollo de la industrialización, gas domiciliario y gas natural vehicular (GNV)”, dijo.

Los plazos
En el plan original posterior a la nacionalización de 2006, se contemplaba la progresiva industrialización del gas en territorio boliviano y de la mano de la empresa estatal para ir disminuyendo la dependencia de la exportación del gas y sustituyendo esos ingresos por los provenientes de la industrialización.

Aunque pronto se sentaron las bases para construir las Plantas Separadoras de Líquidos tanto en Río Grandes como en Yacuiba, sus recurrentes retrasos han desfasado el calendario hasta límites de insostenibilidad.

Andrés Soliz Rada, el ministro de la nacionalización, dejó negociado antes de renunciar por controversias con la Vicepresidencia el anexo VI del contrato GSA con Brasil, que permitía la utilización de los líquidos de una sexta parte de los 30,5 firmados por contrato y, además, se establecía un pago por esos líquidos hasta que se tuviera implementada la planta de Río Grande. Pese a ser esto en 2006, la planta no se materializó hasta 2013.

Igualmente también dejó negociado con Argentina el calendario de incrementos de provisión de gas desde los 4 a los 27 millones de metros cúbicos que se debe alcanzar antes de 2027, cuando concluye el contrato. El convenio establecía que no se incrementarían caudales de gas seco hasta que Bolivia no concluyera su planta de separación en el Gran Chaco, que además debía pagar la Argentina. El hoy encarcelado y entonces superministro argentino Julio de Vido logró después modificar los términos. La planta, con recursos del Banco Central de Bolivia, no se inauguró hasta 2015.