Inhabilidad física o mental de Sebastián Piñera para gobernar

Un Gobierno con un 6% de aprobación, cuestionado dentro y fuera del país, que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, no da garantías para los proyectos e inversiones de los emprendedores y empresarios. No es un tema de color político. Simplemente, la situación no da para dos años más en estas condiciones.

Por otro lado, es totalmente legítimo y constitucional que el mandatario en ejercicio, como también todas las autoridades, sean capaces de demostrar que se encuentran en plenitud de sus capacidades físicas o mentales para ejercer sus cargos. Si ese no es el caso, deben dar un paso al costado en beneficio de la estabilidad del país y la seguridad nacional.

Un golpe de estado es lo que hicieron y siguen justificando algunos partidarios de este gobierno bombardeando el Palacio de La Moneda. Hacer cumplir la Constitución, que establece un mecanismo para inhabilitar a un Presidente que no se encuentre apto física o mentalmente, no solo es un acto completamente legal y democrático, es también una muestra de responsabilidad con la República y sentido común.

Las vidas de 17 millones de chilenos y la soberanía del país están en sus manos y por lo tanto cualquier decisión debe ser adoptada en plenitud de sus capacidades, tal como indica la Constitución que algunos partidarios de esta administración se niegan a cambiar.

Es importante señalar también que esta posible inhabilidad es exclusivamente política, en ningún caso de carácter penal, por cuanto inhabilitado o no para ejercer el cargo, igualmente son los tribunales de justicia nacionales e internacionales los que deberán establecer la imputabilidad por eventuales responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.

Las consecuencias de decisiones erráticas adoptadas por una autoridad con dificultades físicas o mentales, no solo pueden afectar negativamente la economía, sino también lo que es peor, que sigan las pérdidas de vidas de compatriotas que se han perdido en una “guerra” inútil y evitable si las autoridades a cargo optaran por escuchar a los ciudadanos que se manifiestan en lugar de utilizar a las fuerzas de seguridad como grupo de choque en su contra.