Senado debe rechazar a “escombros” en Yacyretá e Itaipú

A raíz del escándalo de los “Cuadernos K”, como denomina la prensa argentina a la investigación de sobornos a funcionarios por ejecutivos de empresas contratistas del Estado en adjudicaciones de obras públicas, la Justicia de ese país procedió a la detención, entre otros, del empresario Francisco Rubén Valenti, directivo de IMPSA, empresa relacionada con el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Aña Cua.

También impartió orden de captura contra Óscar Thomas, exdirector de Yacyretá, quien se encuentra prófugo. Además, está preso por corrupción el exministro de Planificación Julio de Vido. Todos ellos participaron de negociaciones con las actuales autoridades nombradas ahora por el presidente Mario Abdo Benítez como directores de Yacyretá e Itaipú, Nicanor Duarte Frutos y José Alberto Alderete, respectivamente. Ambos cargan con la sospecha de haber sido partícipes necesarios de los acuerdos bilaterales que forman parte del vasto escándalo de corrupción de la era Kirchner que ahora sale a la luz. Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar al Senado que rechace tan desacertada decisión de nombrar a dos “escombros” frente a tan importantes entidades para el desarrollo del país.

A raíz del escándalo de los “Cuadernos K”, como denomina la prensa argentina a la investigación de sobornos a funcionarios por ejecutivos de empresas contratistas del Estado en adjudicaciones de obras y servicios públicos, la Justicia de ese país ha procedido a la detención, entre otros, del empresario Francisco Rubén Valenti, directivo de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.), la empresa que el 2 de mayo pasado presentó oferta para el equipamiento electromecánico de la central hidroeléctrica sobre el brazo Aña Cua. Esto último, en el marco del ilegal llamado a licitación pública internacional hecho por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para dicha obra, antes de que el Congreso paraguayo aprobara las notas reversales firmadas para su construcción. La Justicia del vecino país ha dictado también orden de captura internacional contra el arquitecto Óscar Thomas, actualmente prófugo, quien fungió como director ejecutivo de la EBY durante los doce años de gobierno de los esposos Kirchner, vale decir, desde 2003 hasta finales de 2015.

Los primeros cotos de caza sobre los cuales Nicanor Duarte Frutos puso la mira apenas asumió la presidencia, precisamente en 2003, fueron las dos entidades binacionales. A tal efecto, nombró a su amigo Víctor Bernal al frente de Itaipú y a Ángel María Recalde en Yacyretá. Mientras tanto, su más cercano aliado político, José Alberto Alderete, asumió como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución que en ese tiempo era el nexo de las binacionales con el Poder Ejecutivo. Alderete tomó contacto con su homólogo argentino, el ministro de Planificación kirchnerista, Julio de Vido, actualmente preso por varios casos de corrupción, en tanto que Recalde hacía lo propio con su par, el arquitecto Óscar Thomas. Un entramado que debería despertar al menos curiosidad –si no sospechas– de una sucia colusión entre las autoridades de los dos países que pudo haber existido con base en las escandalosas coimas que se manejaban entre las autoridades y los empresarios argentinos de la época, como puede constatarse ahora. 

En vista de lo que viene saliendo a luz, no es descabellado imaginar que, con el pretexto de “sanear” la administración de la EBY y como parte de las negociaciones, se acordó construir –al parecer, el “toco” principal– una central hidroeléctrica anexa a la principal en el vertedero del brazo Aña Cua, en el contexto de un gran negociado en el que medrarían ambos gobernantes y sus compinches de ocasión, ya designados para el efecto. Bajo la estrecha supervisión de los ministros De Vido y Alderete, en maratónica carrera, Thomas y Recalde dejaron sin efecto un llamado a licitación pública internacional lanzado en el año 2000 con miras a la obra del vertedero Aña Cua, sin notificar siquiera del cambio a las empresas inscriptas como oferentes. Sin embargo, a continuación, mediante un sigiloso cambio del reglamento de compras y contrataciones de la entidad, otorgaron justamente a la empresa IMPSA –la que ahora está aceptando haber pagado coimas– la credencial de “iniciador privado”, con la que esta se aseguraba la ventaja de liderar el consorcio a constituirse para la ejecución de los trabajos de la central. 

A más del llamativo privilegio concedido a IMPSA, ambos directores ejecutivos y el Consejo de Administración binacional reconocieron un considerable aumento del costo de referencia del proyecto, que trepó en seis años de US$ 160 millones a US$ 420 millones, sin mediar ninguna modificación del mismo. Con el acuerdo Cartes-Macri, curiosamente, ya se elevó a US$ 600 millones. Como se sabe, en aquella oportunidad, el negociado quedó en agua de borrajas porque el Senado paraguayo se negó a tratar la nota reversal que formalizaba el “Preacuerdo Técnico” suscrito en 2006 por los presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner, y, más que nada, por el aluvión de denuncias de corrupción que desató el evidente contubernio entre las autoridades de la EBY e IMPSA, con miras a la construcción de la central en Aña Cua. Coincidentemente, el directivo de la empresa que en esa ocasión fungía como interlocutor válido para el chanchullo era el hoy preso Francisco Rubén Valenti.

La digresión precedente resulta oportuna para entender por qué la ciudadanía siente indignación ante las Notas Reversales sobre Yacyretá aprobadas recientemente por el Congreso y promulgadas por el presidente Cartes, y el nombramiento por el presidente Mario Abdo Benítez de Duarte Frutos y de Alderete al frente de Yacyretá y de Itaipú, respectivamente, cargando ambos con la sospecha de haber sido innegables partícipes necesarios de los acuerdos binacionales que generaron el vasto escándalo de corrupción del Gobierno de los esposos Kirchner, que actualmente sacude a la opinión pública argentina. Puede suponerse también que tanto el exministro De Vido como el exdirector ejecutivo Thomas, ambos personajes centrales del corrupto manejo de la EBY, tuvieron que contar con la complicidad de sus pares paraguayos, Alderete y Recalde.

A la opinión pública le cuesta entender la contradicción inherente a la decisión del presidente Abdo Benítez de colocar a estos dos averiados personajes al frente de las entidades binacionales, de cara a su reconfirmada promesa de que su Gobierno va a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad que gangrenan la administración pública. Es decir, sus palabras no condicen con sus primeras acciones de gobierno. De no rever tan desacertada contradicción, la ciudadanía puede temer que el epílogo del Gobierno de Cartes se convierta en prólogo del suyo. Sería lamentable que “Marito” recoja la lógica del mal gobierno anterior, y que en el final tenga que pasar a la trastienda de la historia como un mentiroso más. 

Los ciudadanos y las ciudadanas, que tan patrióticamente se están manifestando con energía y perseverancia en contra de los ladrones públicos y en defensa de los intereses nacionales en Yacyretá, deben reclamarle al Senado que rechace tan desacertada decisión gubernamental de nombrar a dos “escombros” –al decir del recordado monseñor Ismael Rolón– al frente de entidades capitales para el desarrollo del país.